Martes, 19 de Octubre del 2021


Manifiesto 14 abril 2020

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1.- Para IR, la condena a Pablo Hásel por el contenido de la letra de sus canciones constituye una clara vulneración de los Derechos Fundamentales y es contraria además a los principios internacionales sobre libertad de expresión a los que España está sujeta y a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Las letras de sus canciones pueden parecernos, en ocasiones, de muy mal gusto, pero el problema de fondo es si por la letra de una canción un cantante debe merecer un castigo penal o no, y nosotros creemos que no. La libertad de expresión no puede criminalizarse.  En estos días, incluso la representante para la libertad de expresión de la OSCE, Teresa Ribiero, ha declarado que están siguiendo de cerca el caso Pablo Hásel y que "de acuerdo a los compromisos internacionales en libertad de expresión, no importa cuan provocativo, satírico o sensible se sea, no debe ser frenado ni reprimido, y bajo ninguna circunstancia conducir al encarcelamiento".

2.- IR afirma que en España tenemos un problema con la represión de la libertad de expresión, más allá del caso de Pablo Hásel. Este hecho fue denunciado en noviembre de 2020 por un informe de Freemuse, ONG consultora de la ONU que se dedica a defender los derechos de los artistas en todo el planeta. Según el último informe de esta organización, España lidera en el mundo, por delante de Turquía, Irán o Rusia, el ranking en la práctica represiva de procesar y encarcelar a artistas por sus obras. Este hecho, con el que hay que acabar lo antes posible, nos parece un escándalo impropio de un estado moderno y democrático en el que los derechos y libertades deben estar plenamente garantizados.

3.- Izquierda Republicana condenará siempre con contundencia el uso de la violencia gratuita, la cometa quien la cometa. Y en este sentido, rechazamos la violencia callejera que se ha producido en algunas protestas por la libertad de Hásel en algunas ciudades, y condenamos tanto la violencia de quienes queman contenedores o rompen escaparates, como la represión policial que se dio al acabar algunas manifestaciones. 

Dejando claro que condenamos toda violencia, nos sumamos a los que piden el indulto para Pablo Hásel, porque nuestro país no puede seguir encarcelando jóvenes por escribir un tuit o una canción. El poder judicial español parece no conocer la proporcionalidad, porque una cosa es una multa y otra muy distinta la cárcel. Es importante también, desde nuestro punto de vista, analizar cuales son las causas de fondo de los disturbios producidos por algunos jóvenes tras algunas de las manifestaciones de apoyo a Pablo Hásel, pues constituyen también una expresión clara del malestar, la rabia e indignación de sectores juveniles de nuestra sociedad, sin duda por su penosa situación de juventud sin futuro y con problemas de todo tipo: desempleo, precariedad, falta de vivienda, etc. Es importante, por lo tanto, también detectar social y políticamente esas causas, precisamente para poder combatirlas, poder frenar esa violencia, y trabajar desde la política para ofrecer a nuestra juventud otro futuro más esperanzador. 

Respecto a los excesos policiales, IR cree que es fundamental derogar cuanto antes la ley Mordaza (De Seguridad Ciudadana) que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, ley que sin duda ha dado lugar a excesos y arbitrariedades en ocasiones a la conducta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado al dar amparo legal a la criminalización de las movilizaciones sociales. 

4.- En pleno debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión y sobre las leyes que la definen y castigan sus supuestos excesosIR quiere recordar aquí que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2018 condenó a nuestro país por una sentencia que imponía una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron una foto de los reyes. En la sentencia de Estrasburgo se consideraba que quemar fotos del rey en una manifestación no constituye un delito, sino una forma de libertad de expresión política legítima. Estrasburgo también rechaza que los elementos usados en la protesta, como el fuego o la colocación de la fotografía quemada boca abajo constituyeran 'un acto de odio o de incitación a la violencia'. 

Esta sentencia de Estrasburgo, que condenó a España por violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, argumentaba también que la libertad de expresión se extiende a veces a "expresiones, informaciones e ideas que pueden ofender, chocar o molestar, pero que forman parte de las condiciones de pluralismo, tolerancia y amplitud de miras sin las cuales no existe una sociedad democrática". Desde nuestro punto de vista, este argumento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es extensible y aplicable a las canciones por las que se ha encarcelado a Pablo Hásel. Al producirse esta importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2018, se archivaron más de 30 causas que se instruían contra jóvenes en la Audiencia Nacional española por hechos similares. 

5.- El conservador y reaccionario poder judicial español a menudo parece funcionar persiguiendo el derecho a la libertad de expresión más que protegiéndolo al ignorar esta jurisprudencia europea y estos principios internacionales, pues la errónea sentencia contra Hásel lamentablemente no es un caso aislado, pues no ha sido la única en los últimos años. Jóvenes artistas y/o tuiteros que todos recordamos se han visto envueltos en procesos judiciales acusados de enaltecimiento del terrorismo y/o de injurias a la corona por canciones o tuits, o distintas expresiones culturales o artísticas. 

Recientes y escandalosos fueron los casos de César Straberry, condenado por seis tuits, o el rapero Valtonic, que fue condenado a tres años de cárcel por una canción y tuvo que marcharse de España para evitar la cárcel. El abogado Arkaitz Terrón sufrió un calvario judicial de años hasta ser absuelto en el Tribunal Supremo por haber escrito varios twitter como el de "Juan Carlos primero, más alto que Carrero". También fueron acusados y al final absueltos el cineasta Alex García o la tuitera Casandra Vera por mensajes similares. 

Todos recordamos el caso de los dos titiriteros madrileños, detenidos y acusados de enaltecimiento del terrorismo por una obra de teatro en los carnavales, o las acusaciones contra Willy Toledo, Femen o El coño insumiso por 'ofensas a los sentimientos religiosos'. Para IR también son ataques a la libertad de expresión los sufridos por la revista El Jueves, sufriendo incluso secuestros de un número (por un dibujo en la portada del actual jefe del estado), o por la también revista Mongolia, condenada hace nada por una simple caricatura de Ortega Cano. El libro de Nacho Carretero sobre los narcos gallegos, Fariñas, también sufrió el secuestro por orden de una juez de Collado Villalba. Y estos son solo algunos casos que son necesarios de recordar. 

5.- Izquierda Republicana considera imprescindible que nuestro país aborde lo antes posible una reforma del Código Penal  que elimine lo que son claramente excesos judiciales contra la libertad de expresión para que España deje de liderar en Europa el número de artistas y/o tuiteros imputados y encarcelados por sus obras o sus mensajes de tuits. 

Denunciamos también que desde la reforma del Código Penal aprobada por el PP en 2015, este ha sido utilizado como herramienta de criminalización de la movilización social en general y de la libertad de expresión, entre otros, de causas como el republicanismo y el laicismo. 

En este sentido apoyamos la presentación por parte del grupo parlamentario de Unidas Podemos de la ley orgánica en defensa de la libertad de expresión, a partir de una profunda reforma del Código Penal que evite las restricciones a ese derecho que se han producido en nuestro país desde la reforma del Código Penal por parte del gobierno Rajoy en 2015. 

6.- Saludamos también desde IR esta iniciativa legislativa de UP porque en una democracia, la libertad de pensamiento y expresión que no debe ser coartada. El que UP pretenda acabar en esa ley, por ejemplo, con el delito de 'ofensas a los sentimientos religiosos' (el pecado de blasfemia para las religiones) supondrá un avance democrático enorme, pues en un estado aconfesional debe ser siempre un derecho legítimo la crítica a las creencias que hacen proselitismo a favor de una religión.  Pues si estas religiones, reclaman el derecho de ejercer y practicar sus creencias religiosas, deben aceptar con tolerancia y normalidad que se produzcan esas críticas desde otras libertades de conciencia, y que otros ciudadanos tengan derecho a la defensa del ateísmo y/o de la laicidad del estado. 

7.- Saludamos también desde IR que en el proyecto de ley presentada por UP se proponga también la eliminación el 'delito de injurias a la coronaentendiendo que las críticas al poder son legítimas por parte de los ciudadanos, y cuanto más poder tiene una institución, más expuesto a crítica pueden y deben estar. Así, las críticas a la corona son legítimas, pero que aun en el caso de que se produjera difamación, esta no debería ser nunca considerado un delito penal, tal y como el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han señalado en muchas ocasiones, aunque la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo de España no se quieran enterar. 

8.- Así mismo, nos parece positivo que dicho proyecto legislativo pretenda acabar con el abuso del delito de enaltecimiento del terrorismo, con el que se han producido abusos y excesos judiciales contra la libertad de expresión, produciéndose curiosamente desde 2011, año en que desapareció ETA, un incremento enorme de sentencias por este delito, concretamente más de 70 condenas, aplicándose este tipo penal mucho más tras la desaparición de ETA, que durante toda la existencia del grupo terrorista. 

Numerosos juristas e instancias europeas han solicitado la modificación también de este tipo penal, por generar represión, autocensura, sanciones y sentencias que generan antecedentes penales simplemente por ser aplicado a la libertad de expresión. El Tribunal Europeo también señaló que únicamente debe considerarse delito el enaltecimiento del terrorismo cuando lo expresado busca directamente la comisión de algún delito terrorista o atentado.

9.- IR quiere también denunciar que mientras en nuestro país están produciendo numerosos casos de persecución de la libertad de expresión, algunos ya citados, la impunidad parece volverse la norma tanto para discursos de exaltación de la dictadura franquista como de discursos que promueven delitos de odio, xenofobia, racismo, machismo o incluso antisemitismo, como pudimos comprobar recientemente en el homenaje a la División Azul que cientos de neonazis realizaron en el cementerio de la Almudena. Pero podríamos citar otros muchos casos y ejemplos.

Desde el poder judicial debe ponerse freno a conductas y discursos neofascistas y antidemocráticos que de forma preocupante están creciendo en nuestra sociedad en los últimos años. Esa firme y contundente actitud de la justicia, necesaria en una sociedad de verdad democrática, hasta la fecha brilla por su ausencia. Y esta doble vara de medir del poder judicial debe terminar, pues la justicia en nuestro país está cada día más desprestigiada al verse cuestionada su imparcialidad, neutralidad e independencia. Desde luego, Izquierda Republicana considera una asignatura pendiente la democratización del poder judicial. 

Comisión Ejecutiva de Izquierda Republicana

1 de marzo de 2021

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