Sábado, 18 de Noviembre del 2017
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(Aportación de Izquierda Republicana a la I Jornada sobre la Banca Pública organizada por la Secretaría Federal de Economía de IU el 25 de julio de 2009)

La actual crisis económica, cuyos primeros síntomas vinieron precedidos de las otrora famosas hipotecas subprime, con la serie de consecuencias que trasladaron sus efectos a todos los puntos del globo, dio lugar a que de manera incipiente se planteara el debate sobre la necesidad de que renaciese la banca pública. Desde diversos sectores de la política y la economía se reclamaba la actuación de una banca pública sin los excesos y defectos de la banca privada tanto comercial como de inversión.

Sin embargo, en gran parte del mundo occidental, y particularmente en nuestro país, esa banca pública que había llegado a jugar un papel notable en el sistema financiero en tiempos recientes (todavía en los años noventa suponía un porcentaje del 15% del volumen de créditos concedidos en España) fue desapareciendo sin que nadie llorase su pérdida. De hecho, para la banca privada fue un alivio el que desapareciese un competidor. La Corporación Bancaria Argentaria fue privatizada pasando a formar parte del BBVA, e incluso, más recientemente el banco alemán Deutsche Bank se hizo con la red que en su día poseía la Caja Postal en las oficinas de correos. La única presencia testimonial en nuestros días es la del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Incluso en este caso, el ICO ha de utilizar los canales de la banca privada para poder articular sus líneas de ayuda a diversos sectores de la economía.

Desde Izquierda Republicana consideramos que una banca pública sí tiene una razón de existir y que la actual coyuntura hace necesaria su presencia y actuación en unos parámetros distintos a aquellos en los que existió hasta hace unos años. En este documento pretendemos lanzar algunas propuestas de cómo puede ser esa banca pública en la España del siglo XXI.

En los últimos años se ha ido dando por sentado que las funciones y servicios financieros han de ser guiadas por la mano del libre mercado que, como hemos visto, de libre tiene bastante poco. Está dinámica ha conducido a una sofisticación de los productos financieros que buscaban la especulación pura y dura para alcanzar beneficios enormes para unos pocos en muy cortos plazos de tiempo. Los modernos gurús y sacerdotes de las finanzas predicaban la buena nueva del crecimiento ilimitado de las ganancias sin reparar en que las burbujas terminan explotando.

Sin embargo, los republicanos planteamos que los servicios financieros han de cumplir una función social en diversas áreas muy sensibles para los ciudadanos. En particular, en el caso de España, el derecho a la vivienda está reconocido constitucionalmente. Por ello, la financiación de estas operaciones no puede responder únicamente a criterios de mercado y maximización del beneficio. La financiación de la vivienda habitual es un campo en el que la banca pública puede y debe desarrollar una labor absolutamente necesaria sin buscar el atar a los clientes a modernas esclavitudes de por vida. Los criterios de concesión de préstamos hipotecarios y las condiciones de su devolución no pueden ser en la banca pública tan leoninos como lo están siendo actualmente. Particularmente, la nueva banca pública ha de tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades para el acceso a la vivienda como es el caso de los jóvenes o los inmigrantes.

Por otro lado, una banca pública tendrá que prestar su apoyo decidido a los proyectos empresariales productivos, creadores de empleo y de riqueza real y a largo plazo, que en muchos casos están siendo obviados por bancos y cajas para perseguir fáciles ganancias en operaciones inmobiliarias, energéticas o financieras de dudosa moralidad en algunos casos y cuyas bondades no alcanzan a la mayoría de la sociedad. El fomento de iniciativas de desarrollo sostenible es otro de los campos donde la pública habrá de jugar un papel notable. Asimismo, la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación no pueden quedar en manos de la banca privada únicamente, ya que ello supondría que aquellas propuestas que no tengan un inmediato retorno pecuniario carecerían de apoyo financiero para su desarrollo.

Se trata, en definitiva, de que la banca pública se haga a cargo de hacer llegar financiación a distintas áreas de la economía con un interés social evidente, y que actualmente no reciben un tratamiento adecuado por parte de bancos y cajas, ni parece que lo vayan a recibir teniendo en cuenta su actual dinámica de funcionamiento.

Desde Izquierda Republicana queremos añadir un matiz nuevo a la banca pública que hemos descrito anteriormente. Se trata de la participación ciudadana. No estamos hablando de recuperar una banca pública en manos exclusivamente técnicas que pueda reproducir los defectos de la privada. Hay que buscar vías e instrumentos que permitan a los ciudadanos ser participes de las decisiones y líneas de actuación de las entidades financieras públicas.

En conclusión, Izquierda Republicana reivindica una nueva banca pública con una clara visión de la función social de su actividad, que busque la creación de empleo y riqueza real impulsando a los sectores económicos marginados por el mercado financiero mediante la existencia de mecanismos de efectiva participación ciudadana en sus órganos de gobierno. La banca pública habrá de ser una banca de los ciudadanos y para los ciudadanos.

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