Sábado, 18 de Noviembre del 2017
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Inmigrantes y Refugiados
¡NO ME LLAMES INMIGRANTE ILEGAL!

El Colegio de Periodistas de Cataluña y el Colegio de Abogados de Barcelona han elaborado los dictámenes adjuntos que analizan lo inadecuado de estetermino, tanto desde el punto de vista legal como deontológico:

- Porque el término es incorrecto, ya que las personas nunca pueden ser ilegales
- Porque ello supondría negar a un ser humano la categoría de sujeto de derecho
- Porque la aplicación inadecuada de este calificativo implica un menosprecio a la dignidad
- y a la propia imagen de esas personas.
- Porque su uso, exclusivo y continuado respecto de un colectivo como el de los trabajadores
- que emigran, significa un trato discriminatorio que favorece estereotipos que criminalizan
- en la conciencia colectiva la imagen de esa persona.

SOBRE LOS EFECTOS DEL USO INCORRECTO DEL LENGUAJE

EL Código Deontológico del Colegio de Periodistas de Catalunya señala en su punto numero 12: "Actuar con esencial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminaciones por razones de sexo, raza, creencias o extracción social o cultural así como incitar al uso de la violencia, evitando expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y de su integridad".

El que las únicas personas a las que los medios de comunicación adjudican, incorrectamente, el calificativo de "ilegales" sean los emigrantes procedentes de otros países o los inmigrantes que no posean la autorización administrativa para residir en España y nunca los infractores de otras normas administrativas (a veces de mayor trascendencia social) y ni siquiera los delincuentes, constituye un tratamiento claramente discriminatorio contrario a las más elementales normas deontológicas.

Por otra parte, el uso repetido y exclusivo en los medios de este termino en relación con este colectivo esta produciendo el efecto de que se instale en la opinión publica la percepción de que la expresión "inmigrante ilegal" equivale a delincuencia y, por extensión, el deterioro de la imagen de los inmigrantes en general.

Con independencia de cuales hayan sido las causas que las han originado, el hecho cierto es que estas expresiones tienen un claro contenido vejatorio y contribuyen en no poca medida a una criminalización en la conciencia colectiva no sólo de las personas que intenten emigrar desde sus respectivos países de origen hacia otros en busca de mejores condiciones de vida sino que deteriora también la imagen de todos los ciudadanos extracomunitarios que residen en nuestro país, con los consiguientes riesgos que ello supone para la convivencia en una sociedad cada vez más plural.

Para evitar que los medios de comunicación continúen teniendo un papel importante en este proceso de discriminación y criminalización de los inmigrantes es imprescindible que revisen su lenguaje y dejen de utilizar el término "ilegal" sustituyéndolo por otras formas mas adecuadas a los principios deontológicos de la profesión y más correctas, según el contexto:

"emigrante de (país de origen)" cuando se trate de personas que no han llegado a establecerse en territorio español.

- "clandestino": cuando se haga referencia a la forma, a escondidas, en que un inmigrante ha entrado dentro del territorio español: como polizonte de un barco o de un avión, a través de la frontera, etcétera.
- "discriminados": cuando en el trabajo informativo se quiera potenciar la imagen del trato de inferioridad, marginación, y exclusión del que son objeto los inmigrantes.
- "sin permiso de residencia" en referencia a personas establecidas irregularmente en territorio des estado español.
- "indocumentado" o "sin papeles", termino de uso cada vez más común y generalizador de connotaciones menos peyorativas - pese a no ser siempre correcto ya que, en general, las personas a las que el mismo se refiere tienen papeles de identificación, aunque carezcan de permiso de residencia-.

Comisión de Defensa del Colegio de Periodistas de Catalunya
Barcelona, Enero de 2000

Valoración jurídica del uso del término "ilegal" como atributo personal
INTRODUCCIÓN

En el marco de un Estado de Derecho que reconozca y respete los derechos humanos más básicos resulta totalmente inadmisible e ilógico predicar la "ilegalidad de una persona": sólo las conductas pueden ser contrarias a la ley pero nunca puede calificarse de ilegal a un ser humano.

El uso en los medios de comunicación del termino "ilegal" en principio parece una inocente elipsis del lenguaje: "un ilegal" es mas corto que "un inmigrante en situación irregular" y mucho mas corto que " un extranjero sin autorización administrativa de residencia".

Pero el lenguaje nuca es inocente. Los grandes movimientos migratorios que se están produciendo en la época de la globalización generan unas reacciones de exclusión en los países opulentos que no se reducen a los controles de fronteras ni a las leyes de extranjería: para que estas barreras sean eficaces, necesitan estar acompañadas de una ideología que las respalde y de unos valores, contrarios a todo humanismo, que se filtran a través del lenguaje mediante expresiones como esta.

Predicada así la ilegalidad como condición de un individuo -no de su conducta, ni siquiera de su situación- la discriminación y el menoscabo de la dignidad del mismo serán las consecuencias inevitables, de modo que toda medida de exclusión -o incluso de represión pura y dura- se aceptaran como lógicas.

Este atentado a la dignidad y llamamiento a la discriminación que se deriva del uso del adjetivo "ilegal" o "ilegales" aplicado a las personas - y también del uso, aun más incorrecto, substantivado de la palabra ("un ilegal.")- plantea la cuestión de los mecanismos o procedimientos jurídicos que se contienen en nuestro Ordenamiento vigente tendentes a impedir el uso de tales expresiones.

I EL TÉRMINO "ILEGAL" PROVOCA LA DISCIMINACIÓN

Según el Código Penal constituye un delito, que se define en su articulo 510.1, la conducta de: "Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a .la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza: su origen nacional", delito que lleva aparejado la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

La inclusión de la mención a "grupos" discriminados por motivos referentes a "su origen nacional" plantea la posibilidad de encuadrar el uso de las expresiones que aquí comentamos dentro de este articulo del Código. Pero tal conclusión no resulta clara, (aún cuando el uso habitual del termino en los medios de comunicación puede operar como factor provocador de la discriminación) ya que solo se penaliza la incitación directa, -no la indirecta- y cuando se da una voluntad deliberadamente incitadora de esa discriminación, dirigida a una conducta que además constituya delito.

Por ello el empleo del termino "ilegal" referido a personas, no reúne los requisitos de llamado delito de xenofobia del art. 501.1 del C.P. pues para ello se necesitaría un discurso más explícito, que denotase mas claramente tanto la mala fe del autor como su potencial directamente provocador a la discriminación delictiva o la violencia, aunque roza ese tipo delictivo al abrir el camino de la discriminación social respecto de determinadas personas -por emplearse exclusivamente respecto de las que incurren en determinadas infracciones administrativas en razón de su origen- y actuar como factor provocador de la discriminación, fijando en la conciencia colectiva estereotipos de claro contenido xenófobo.

II EL TÉRMINO "ILEGAL" ES DIFAMATORIO

Además de su potencial discriminatorio, el uso del termino "ilegal" referido a un grupo o a una persona -adjetivándola o sustantivando el adjetivo- es claramente difamatorio, en el sentido de que menoscaba su imagen y su dignidad.

Para calibrar hasta que punto este epíteto se puede percibir como atentatorio contra la dignidad personal, basta con suponer cual seria la reacción de cualquier español que, por haber infringido alguna disposición administrativa( como es la exigencia del visado) fuera tachado públicamente como un ilegal.

Esa expresión atenta pues contra la dignidad de la persona, que nunca puede ser en si misma tachada de ilegal, salvo volviendo a la época de la esclavitud cuando había seres humanos privados de todo derecho. Incluso en el campo jurídico más restrictivo de derechos, como seria el penal, la ilegalidad se predica solo de hechos concretos y no del conjunto de la conducta de una persona.

El articulo 1º de la Declaración de los Derechos Humanos -cuyo 50 aniversario acabamos de celebrar- proclama que "toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". Cuando un ser humano es considerado, "ilegal" se suprime su dignidad y se niegan todos sus derechos como persona. No cabe pues un mayor atentado contra su imagen individual.

La Ley Orgánica 1/1.982, de 5 de mayo, vino a regular en España la protección civil contra la difamación (y contra los atentados a la intimidad) es decir contra aquellas conductas que, sin llegar a ser delictivas, conllevan un menoscabo de la fama o imagen de las personas. Desarrolla la protección al derecho fundamental al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que como tal derecho fundamental ampara también a los extranjeros en España. El art. 7,7 de esta Ley considera incluida en su ámbito de protección "la divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena".

Parece claro que el uso del epíteto "ilegal" referido a una persona concreta identificable es un atentado contra su dignidad ("honor" dice la Ley) y contra su imagen personal. En consecuencia, ello podría legitimar a las personas afectadas para interponer una demanda contra los autores de tales expresiones o los responsables de su publicación, al amparo de la Ley Orgánica 1/1.982. La demanda podrá solicitar la adopción de todas las medidas para poner fin a esa conducta atentatoria; entre dichas medidas pueden estar el reconocimiento del derecho a replicar, la difusión de la sentencia condenatoria y la condena a indemnizar los perjuicios causados (perjuicio que siempre se presume).

La sentencia del Tribunal Constitucional en el famoso asunto Friedman/Degrelle establece " que ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes". ya que "los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social". El Tribunal Constitucional proclama que "la dignidad como rango o categoría de la persona como tal, del que derivan y en el que se proyectan el derecho al honor (art. 18.1 C.E) no admite discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias". En la misma sentencia el T.C reitera como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico el de la igualdad (art. 1.1 C.E.) que pone en relación con uno de los fundamentos del orden político y de la paz social: la dignidad de la persona (art. 10.1 C.E).

Desde el punto de vista practico, sin embargo, esta claro que el tipo de personas que sufren estos atentados a su dignidad suelen estar en una posición social que dificulta enormemente el planteamiento de tal demanda judicial. Pero, con independencia de ello, tienen también posibilidades para actuar como demandantes las organizaciones o ONG y Asociaciones en que se agrupan los inmigrantes o que defienden sus intereses.

Y -al contrario de lo que ocurre en el ámbito penal- para que se produzca ese atentado contra la imagen de las personas o grupos que resulten afectados por el uso del termino "ilegal" no hay que entrar a discernir cual fue la intencionalidad de quien utilizo tales expresiones: basta con acreditar el daño que se haya producido a la fama o imagen de esas personas. Ello producirá un impacto cierto en quienes se vean demandados y obligados a explicarse, por haber utilizado tales términos, aunque sea solo desde una postura de irresponsable frivolidad.

Comisión de Defensa del llustre Colegio de Abogados de Barcelona, Enero de 2000
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